En abril de 2026, el Movimiento Solidario Sindical (MSS), junto con un grupo de sindicatos y organizaciones sin fines de lucro, impulsó una campaña en defensa de la Ley del Salario Mínimo (Ley 47-2021). Esta legislación representó un avance importante para la clase trabajadora al establecer un aumento escalonado del salario mínimo en el sector privado, elevándolo de $7.25 a $10.50 por hora. Pero su importancia va más allá del aumento salarial: la ley estableció mecanismos para evaluar de manera continua las condiciones económicas y el costo de vida en Puerto Rico.
Uno de sus principales logros fue la creación de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo (CESM), un organismo multisectorial, permanente y transparente integrado por representantes de los sectores laboral, empresarial y gubernamental. La Comisión tiene la responsabilidad de estudiar las condiciones económicas del país y dar recomendaciones sobre el salario mínimo a partir de información y análisis técnicos. Sus estudios y determinaciones son públicos, lo que permite que el debate sobre los salarios no dependa únicamente de intereses particulares, sino que considere las condiciones reales de vida de quienes trabajan.
La Ley del Salario Mínimo parte de un principio fundamental de justicia social: una persona que trabaja a tiempo completo no debe vivir bajo el nivel de pobreza. El trabajo debe permitir satisfacer las necesidades básicas y sostener una vida digna. Esta ley impactó la vida de más de 240,000 trabajadores y trabajadoras y, por lo tanto, mejoró la economía del país. Cuando la clase trabajadora recibe mejores salarios, aumenta su capacidad adquisitiva y ese dinero regresa a la economía mediante el consumo de bienes y servicios.
A su vez, otros de los beneficios que trajo la Ley del Salario Mínimo ha sido: la reducción de aproximadamente 3% en el índice de pobreza, un aumento en el empleo, una reducción del pluriempleo y una tasa de desempleo que alcanzó niveles históricamente bajos. Estos resultados demuestran que aumentar los salarios no es un obstáculo para la economía. Por el contrario, fortalecer los ingresos de quienes trabajan puede contribuir a dinamizarla.
Sin embargo, para el Movimiento Solidario Sindical, el salario mínimo no puede ser la meta. Es apenas un punto de partida. Nuestra apuesta es por un salario justo.
Un salario justo es aquel que permite a la clase trabajadora vivir con dignidad, cubrir sus necesidades y las de sus familias sin tener que acumular dos o tres empleos para sobrevivir. Es un salario que permita pagar una vivienda, alimentarse adecuadamente, acceder a servicios de salud, transportarse, educarse y enfrentar los gastos cotidianos sin vivir permanentemente al borde de la precariedad.
Pero la vida digna es mucho más que sobrevivir. Un salario justo también debe permitirnos tener tiempo para vivir. Tiempo para descansar, compartir con nuestras familias, cuidar a otras personas, participar de nuestras comunidades, disfrutar del ocio, desarrollar nuestros intereses y simplemente vivir sin que cada hora del día tenga que convertirse en una hora de trabajo remunerado.
Por eso, desde el MSS no queremos conformarnos con discutir cuánto menos puede ganar una persona para que un negocio siga operando. Queremos cambiar la pregunta: ¿cuánto necesita una persona trabajadora para vivir dignamente?
La clase trabajadora produce la riqueza del país y merece recibir una parte justa de ella. No luchamos solamente por un salario mínimo. Luchamos por un salario justo, porque trabajar debe garantizar una vida digna.
