Llevamos décadas denunciando el maltrato sistemático que sufren las maestras y los maestros en Puerto Rico. No se trata de situaciones aisladas ni de problemas administrativos pasajeros. Se trata de una política de abandono, precarización y menosprecio hacia quienes realizan una de las labores más importantes para cualquier sociedad: educar a las nuevas generaciones. Mientras el gobierno y sus administraciones de turno hablan de transformación educativa, el magisterio enfrenta condiciones laborales cada vez más difíciles, una carga administrativa desproporcionada y la ausencia de los recursos más básicos para realizar su trabajo.
La realidad en nuestras escuelas es indignante. El dinero público que debería destinarse a materiales, mantenimiento, infraestructura y servicios esenciales termina atrapado en un aparato burocrático marcado por la ineficiencia, los malos manejos y los escándalos de corrupción. Mientras tanto, son las maestras y los maestros quienes tienen que poner dinero de sus propios bolsillos para comprar materiales, tizas, artículos escolares y meriendas para sus estudiantes. También les corresponde, en muchas ocasiones, limpiar, reparar y acondicionar sus salones. La vocación y el compromiso de enseñar no pueden seguir utilizándose como excusa para explotar y precarizar a quienes trabajan en nuestras escuelas.
A este panorama se suma el ataque contra las pensiones del magisterio. Después de dedicar 30 años o más de sus vidas al servicio público, muchas maestras y maestros descubren que jubilarse significa enfrentar la inseguridad económica y la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas. Es inaceptable que quienes entregaron décadas de trabajo formando generaciones tengan que escoger entre continuar trabajando en condiciones precarias o retirarse y vivir con incertidumbre económica. Las pensiones dignas que permitan una vida plena después de décadas trabajando son derechos de toda la clase trabajadora.
Durante 2026, los problemas en el Departamento de Educación continúan acumulándose. La falta de pago a los transportistas escolares, la escasez de conserjes, la ausencia de maestros sustitutos y las deudas relacionadas con la carrera magisterial son muestras de una administración que no garantiza ni siquiera las condiciones mínimas para el funcionamiento de las escuelas. A esto se añade la falta de un plan serio y efectivo para proteger a estudiantes y trabajadores ante las temperaturas cada vez más extremas provocadas por la crisis climática. No podemos aceptar que nuestras comunidades escolares tengan que escoger entre exponerse al calor o interrumpir sus procesos educativos.
Esta crisis no es producto de la falta de recursos humanos ni de la ausencia de compromiso del personal educativo. Es consecuencia de nefastas decisiones políticas, prioridades presupuestarias y modelos de administración que subordinan las necesidades de nuestro pueblo a intereses económicos y partidistas. Mientras se protege a los sectores privilegiados y se desperdician recursos públicos, se exige sacrificio permanente a quienes viven de su trabajo. Esa es una lucha de clases que también se manifiesta dentro de nuestras escuelas.
Desde el Movimiento Solidario Sindical afirmamos que la educación pública, laica, gratuita y de excelencia es un derecho del pueblo, no una mercancía ni un negocio para beneficiar intereses privados. Nos solidarizamos con las maestras, los maestros, el personal no docente, los transportistas y todas las personas trabajadoras del sistema educativo. Sus reclamos son legítimos y sus luchas son nuestras luchas.
La defensa del magisterio es la defensa de la escuela pública y de los derechos de nuestro pueblo. Un país que maltrata a quienes educan a su gente condena su futuro. La educación pública se defiende con presupuesto, justicia laboral, respeto y lucha colectiva.
