Para el Movimiento Solidario Sindical la salud debe defenderse como un derecho humano fundamental y no como una mercancía sujeta a las reglas del mercado. La clase trabajadora es uno de los sectores que más sufre las consecuencias del alto costo de los servicios médicos, los medicamentos y las primas de los seguros de salud. Por eso, defendemos la necesidad de establecer un plan médico universal que garantice el acceso a servicios de salud de calidad para toda la población, independientemente de sus ingresos, empleo o condición social.
El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar servicios esenciales como la salud y la educación, porque son derechos fundamentales y pilares de una sociedad justa. Estos servicios no deben estar subordinados a los intereses económicos ni depender exclusivamente de la capacidad de pago de las personas. Así como el Estado debe procurar una educación de calidad para todos, también debe garantizar que cada ciudadano reciba atención médica digna, oportuna y accesible. Su obligación es velar por el bienestar colectivo, proteger a los sectores más vulnerables y administrar los recursos públicos de manera responsable.
Todos los años Movimiento Solidario Sindical acude a las diferentes aseguradoras para atender las necesidades de cubierta médica de nuestra matrícula; y todos los años denunciamos que, en este proceso, las aseguradoras parecen mirar a nuestros trabajadores y sus familias a través de una óptica puramente económica, identificando enfermedades, condiciones de salud y altos costos de medicamentos como factores que afectan sus cálculos financieros. Como buitres al acecho, parecen concentrarse en los costos que representan las enfermedades de nuestra gente, olvidando que detrás de cada diagnóstico hay un ser humano, una familia obrera y el derecho a recibir servicios de salud dignos y de calidad.
Para el Movimiento Solidario Sindical, la salud de nuestros trabajadores y sus familias no puede reducirse a números, estadísticas o cálculos de ganancias. Nuestra matrícula merece un sistema que priorice la prevención, el tratamiento y el bienestar de cada familia, en lugar de uno que coloque los intereses económicos por encima de las necesidades humanas. Esta realidad reafirma nuestra lucha por un plan médico universal que garantice la salud como un derecho y no como una mercancía.Desde esta visión de justicia social y solidaridad, nos oponemos a un modelo de salud que dependa de los planes médicos privados, como Triple-S (SSS) y MCS, cuando el acceso a los servicios esenciales queda sujeto a las condiciones, los costos y las limitaciones de las pólizas. Consideramos que la salud no debe organizarse alrededor de los intereses comerciales de las aseguradoras, sino de las necesidades de los pacientes y las comunidades. Las primas, los deducibles, los copagos y las restricciones de cubierta pueden representar obstáculos para las familias trabajadoras. El acceso a un médico, un tratamiento o un medicamento no debe depender de cuánto dinero tenga una persona ni de las condiciones de un contrato de seguro.
Un plan médico universal permitiría establecer un principio esencial de solidaridad: contribuir de acuerdo con las posibilidades económicas y recibir atención de acuerdo con las necesidades médicas. Un sistema universal, con financiamiento adecuado, buena administración y supervisión pública, podría reducir las desigualdades, fortalecer la prevención de enfermedades y garantizar continuidad en los servicios de salud. En Puerto Rico, es necesario impulsar una transformación que coloque el bienestar colectivo por encima del lucro y que fortalezca los hospitales públicos, los centros de salud y los servicios médicos en todas las comunidades.
Asimismo, cualquier reforma debe contar con la participación de los trabajadores, las organizaciones sindicales, los profesionales de la salud y los pacientes. Es indispensable proteger los empleos, garantizar condiciones laborales justas, utilizar los fondos de manera transparente y asegurar que existan suficientes médicos, enfermeros, instalaciones y medicamentos. La implantación de un plan universal debe responder a las necesidades reales de la población y garantizar servicios accesibles y de calidad.
En conclusión, desde los principios de solidaridad, justicia social y defensa de la clase trabajadora, defendemos un sistema de salud universal en el que el Gobierno asuma su responsabilidad de garantizar este servicio esencial. Nos oponemos a que la salud de nuestro pueblo dependa de un modelo dominado por los seguros médicos privados y sus intereses comerciales. Puerto Rico necesita un sistema que coloque al paciente en el centro de las decisiones y que reconozca que toda persona merece recibir atención médica digna, sin importar su capacidad económica. ¡La salud es un derecho, no un negocio! ¡Por un plan médico universal, solidario y accesible para todos los trabajadores y el pueblo de Puerto Rico!
